Reformas, casos y experiencias, esto nos deja la CICIG

Por: Cristian Velix
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En 2007, entraba en vigor el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente fundado a solicitud del Gobierno de Guatemala, cuyo objetivo es la investigación y desarticulación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

Han pasado ya casi doce años de ese punto de partida y el trabajo del ente respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), permitió procesar penalmente a estructuras ilícitas, integradas por funcionarios, políticos, operadores en el Sistema de Justicia, empresarios y particulares, entre otros.

Redes criminales de defraudación aduanera, grupos que se beneficiaban de la entrega de plazas a personas que no se presentaban a trabajar a las instituciones del Estado y empresarios que hacían pagos para agilizar la devolución del crédito fiscal, son algunos de los aparatos ilegales que evidenció la CICIG en apoyo al Ministerio Público.

Su mandato, el cual fue prorrogado cinco veces, con tres comisionados en períodos distintos: Carlos Castresana, Fernando Dall’Anesse e Iván Velásquez, la CICIG concluye su mandato en el país el próximo 3 de septiembre.

Su salida se dará tras los diversos intentos del presidente Jimmy Morales de expulsar a la Comisión del país; uno de sus últimos ataques fue el 7 de enero, cuando oficializó de manera unilateral que la CICIG debía abandonar el país, aunque meses antes ya había anunciado que no renovaría el mandato.

Esto se dio en medio de una disputa, según el Presidente, por la soberanía nacional y la no injerencia extranjera; familiares del mandatario serán condenados o absueltos en las próximas semanas en uno de los casos que destapó la Comisión junto al MP.

Analistas consultados indican que a casi un mes de salir del país, la CICIG dejó avances en materia de reformas a normativas relacionadas a la justicia y que contribuyó al fortalecimiento de la persecución penal; aunque consideran dejará un vacío en la justicia del país. La Corte de Constitucionalidad aún debe resolver en definitiva un amparo relacionado a la permanencia de la Comisión.

MORALES FUE UN TÍTERE

Para Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, la CICIG a lo largo de su instancia en el país ha dejado resultados positivos, específicamente en materia de reforma legislativa y leyes anticorrupción, que endurecieron las penas para delitos como el cohecho, ya que antes era bajas, lo que “hacía más barato cometer delitos relacionados con la corrupción”.

En esa línea, el abogado señaló que la Comisión dejará como legado la Ley Contra el Crimen Organizado, la cual, a criterio de Ortiz, modernizó el sistema penal, ya que permitió la aplicación de la figura del colaborador eficaz, además de introducir el modelo de agentes encubiertos y las escuchas telefónicas.

De igual manera, el profesional dijo que, en materia de persecución penal, conforme a su mandato, persiguió estructuras que operaban al margen del Estado y mencionó entre ellos el Caso La Línea y el de Construcción y Corrupción.

Asimismo, añadió que destapó casos de financiamiento electoral ilícito en campaña, un delito que “nunca” se hubiese perseguido sin un órgano externo como el de la ONU. “Y, por último, el gran caso, que ha sido el de Comisiones Paralelas, que desnudó cómo se manipulaba la elección de Cortes”, subrayó Ortiz.

“Por un lado vino a desnudarle a la población algo que intuía, no es que no supiéramos antes de la CICIG que existían esos grupos ilegales que operaban dentro de la administración pública, pero no lo sabíamos con nombre y apellido”, afirmó el experto.

Según el entrevistado, esa fue la gran virtud, pero también la derrota de la Comisión, la cual “no estuvo preparada para el contrataque de las mafias y al final acabaron su mandato así”.

El analista de Fundación Libertad y Desarrollo indicó que en la medida que la entidad internacional fue tocando todos los nodos de influencia en ese esquema criminal atrincheró a la clase política, operadores de justicia, entre otros.

“Los afectados del sector empresarial dejaron de apoyar a la CICIG y todas las mafias: narcotráfico, clase política se atrincheraron y lograron su cometido, (Jimmy) Morales fue el aliado de ellos, fue el títere de la clase política más sucia, que fue contra la que él supuestamente ganó en 2015 en las elecciones”, comentó Ortiz.

“El reto que nos queda es evitar que las Cortes se vuelvan un instrumento de los poderes oscuros, pero eso va a hacer una tarea por hacer más que otra cosa”, puntualizó el abogado.

CIEN: “NOS TOCA MADURAR”

Para María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Nacionales Económicas (CIEN), a la Comisión habría que analizarla por períodos, porque en ciertos de estos hizo algunas investigaciones interesantes, pero en otros no.

“Con el comisionado (Iván) Velásquez tuvo mucha más participación y tal vez lo que encontró fue un buen alero en el Ministerio Público”, expuso Aceña.

Sin embargo, la investigadora, agregó que después de doce años de la Comisión en Guatemala “nos toca madurar, en el sentido de que seamos los guatemaltecos los que nos hagamos cargo de nuestros desafíos”.

Para Aceña, la Comisión dejó avances en el Sector Justicia en técnicas de investigación, especialmente para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), luego el Sistema Integrado de Justicia (SIJ), además, mencionó que los casos que ellos abrieron deben llegar a la última instancia y que aquellos que son culpables sean condenados y los que no queden libres.

Asimismo, la académica explicó que la salida de la entidad dejará un vacío y que la cuestión es cómo se va a llenar el área de investigación criminal y anticorrupción, así como el apoyo al Ministerio Público, el cual tendrá que determinar si contrata consultores internacionales.

Por otra parte, la entrevistada comentó que para ella el Caso La Línea fue el mejor, debido a que despertó a la población, al movimiento ciudadano, la gente se empoderó más, pero que lejos de que la gente estuviera más contenta de participar en política, se distanció de esta.

“Porque no solo es perseguir a la gente penalmente lo que combate a la corrupción, pero a la Comisión no le tocaba hacer un cambio sistémico y un cambio cultural, eso lo debían haber hecho las autoridades con la Comisión, pero eso no sucedió”, subrayó la experta.

Por último, Aceña expresó que la prioridad de Guatemala debe ser el combate contra la corrupción, pero no solo desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista estructural, “cómo se cambian los sistemas, cómo se hace que las personas que lleguen al Gobierno sean honestas”.

“Que no roben dinero, que ejecuten de manera sana, que no hagan negocios con gente de fuera, que el ser servidor público sea un honor y sea de servicio a la comunidad y no servirse uno de recursos”, finalizó la investigadora del CIEN.

ÚLTIMA POSIBILIDAD

La Corte de Constitucionalidad (CC) deberá resolver en definitiva un amparo interpuesto por Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos (PDH), con el que busca que quede sin efecto el acuerdo con el que el Ejecutivo finalizó el mandato de la CICIG en el país de manera unilateral.

A criterio de Rodas, la decisión del mandatario Jimmy Morales es arbitraria e injusta, además de que viola los artículos 149 y 151 de la Constitución, que tratan sobre las relaciones internacionales de Guatemala con otros Estados.

 

Frases

“Por un lado vino a desnudarle a la población, algo que intuía, no es que no supiéramos antes de la CICIG que existían esos grupos ilegales que operaban dentro de la administración pública, pero no lo sabíamos con nombre y apellido”.
Edgar Ortiz, Fundación Libertad y Desarrollo.

“Nos toca madurar, en el sentido de que seamos los guatemaltecos los que nos hagamos cargo de nuestros desafíos”
María del Carmen Aceña, CIEN