País a la deriva

Hace ya muchos años que el Estado de Guatemala no formula políticas con visión de largo plazo para atender las grandes necesidades del país. No existe ningún plan serio y concreto en materia de seguridad, salud, educación, seguridad alimentaria, impulso del desarrollo humano, mantenimiento de infraestructura, crecimiento económico atrayendo inversión sana y productiva, no digamos transparencia y aplicación de la justicia pronta y cumplida, para citar apenas algunas de las obligaciones estatales. Justo es decir que no es únicamente el gobierno del señor Jimmy Morales el que navega sin rumbo, porque desde hace muchísimo tiempo se concentró todo lo relacionado con la gestión pública bajo la gran sombrilla de la corrupción y no se gobierna en función de lo que necesita el país, sino de lo que le produce ganancia a quienes operan en ese perverso marco.

Si salimos a alguna carretera los baches y el deterioro de las vías nos recuerdan el constante deterioro de Guatemala, esa Guatemala cuyo verdadero rostro no debe salir a luz para no ser “negativos”, pero no percibimos el mismo impacto cuando se trata de la ausencia de políticas en las otras áreas; hasta nos hemos terminado por acostumbrar a vivir en un Estado que funciona sólo para los negocios, y la misma violencia se ha convertido en parte de un paisaje que ya no nos inmuta. Cuando hay un muerto sólo los parientes se conmueven, mientras el resto de la gente observa displicente los cuerpos ensangrentados.

No digamos las alarmantes cifras sobre cuántos niños se quedan sin educación cada año, cuántos enfermos no encuentran atención ni medicina para curar sus males, cuántos menores de edad sufren la desnutrición crónica que les marcará para toda su vida, o cuántos emigran diariamente en busca de las oportunidades inexistentes en su propia Patria. Esa realidad del día a día que resulta tan lacerante es sufrida en silencio por un pueblo que terminó resignado a no esperar ya nada porque “todos los gobiernos son iguales”, marcados por la corrupción como eje y motor de todas y cada una de las decisiones públicas.

La inversión productiva necesita verdadera certeza jurídica para venir, pero no la certeza que se reclama para validar derechos adquiridos mediante sobornos, sino la que es producto de resoluciones basadas en ley en un país donde la ley se aplique por igual a todos. Seguirán viniendo los piratas que a punta de coimas cierran negocios que les producen inmensas ganancias, pero no aquel que invirtiendo creará riqueza en el país.

Todo ello a causa de una corrupción persistente e incontenible.