Migrantes y refugiados, pandemia COVID-19

Mauro Verzeletti

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El Padre Mauro Verzeletti, CS, pertenece a la Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos. Fue ordenado sacerdote en Brasil en 1993. Estudió Filosofía y Teología, Ciencias Sociales y Políticas. Luego de su ordenación, fue enviado como misionero en la frontera entre México y Estados Unidos, para servir y defender los derechos humanos de las personas migrantes. En 1998 fue enviado a la Guatemala para servir en la Pastoral del Migrante en la Arquidiócesis de Ciudad Guatemala y en la Conferencia Episcopal de Guatemala. También coordinó por años la Región la Red Internacional para las Migraciones Scalabriniana –SIMN- Desarrolla el trabajo pastoral junto a los migrantes y refugiados en la Región Centroamericana. Los Misioneros S. C. Scalabrinianos están al Servicio Pastoral junto a los migrantes, refugiados, desplazados y deportados. Actualmente, ejerce la función de Director de la Casa del Migrante de Guatemala y El Salvador. Él es conocido dentro de los medios sociales como la voz de los migrantes por su compromiso y lucha constante en la denuncia de las injusticias.

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En el contexto de la rápida propagación del COVID-19, los migrantes y solicitantes de protección internacional han sufrido un impacto terrible, situación que va marcar la historia de vida de millones de personas, principalmente a partir de las medidas estatales de cuarentena, toque de queda, detención, deportación, cierre y militarización de fronteras.

En las últimas semanas han aumentado las situaciones de riesgo en relación a los derechos humanos de la población migrante y solicitantes de refugio, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos. Así mismo, las deportaciones de centroamericanos y de otras nacionalidades sin el debido proceso de cuarentena han seguido; aunado esto, las preocupantes condiciones sanitarias causadas por la pandemia que expone al contagio a millones de migrantes, donde viven en condición de hacinamiento y ausencia de protocolos para actuar en momentos de emergencia, principalmente de las personas que se encuentran en movilidad en la ruta migratoria.

La población migrante y solicitante de protección internacional van a sufrir profundos impactos a lo largo del año 2020, por la pandemia COVID- 19. En el contexto actual, son requeridas medidas para garantizar el derecho a la salud y la atención médica integral, así como, el tratamiento efectivo de la enfermedad y el cuidado integral en igualdad de condiciones y, sin prejuicios por el estatus migratorio o nacionalidad.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: “En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública y tienen el deber de velar por que todo el que necesite atención médica esencial la reciba”.

En pleno albores del siglo XXI y con una humanidad profundamente golpeada por la sorpresiva pandemia, nos encontramos en un momento crucial de la historia, donde Estados y Sectores Privados juegan un papel importantísimo, porque tienen el desafío de buscar respuestas solidarias en el pleno respeto a los derechos humanos de forma equitativa. A pesar de las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, los solicitantes de protección internacional y migrantes no pueden ser relegados por la condición de ser extranjeros; incluso, en esta situación excepcional que estamos enfrentamos a nivel internacional, pues es esencial que prevalezca en primera instancia la solidaridad global sin fronteras.

Las medidas implementadas como respuesta a esta crisis no pueden ser únicamente económicas; en primero lugar, éticamente y en conciencia preguntémonos, ¿por qué hay que salvar el sistema económico de mercado neoliberal inhumano, injusto que siempre ha favorecido a unos cuantos?, la verdadera economía se basa en los principios globales de solidaridad; en segundo lugar, el derecho universal a la vida, porque es un principio establecido como valor supremo en convenios y tratados internacionales que protegen la dignidad de los vulnerables. La diaconía política de la comunión reta a todos a poner en el centro de toda actividad económica la persona humana, que es imagen y semejanza del Dios verdadero sin fronteras.

Todas las acciones en un contexto de crisis, no pueden fomentar la idolatría del odio irracional y tampoco facilitar que el sistema de mercado neoliberal impacte negativamente e impida el disfrute pleno de los derechos humanos de todos los seres humanos. Todas las decisiones tienen que ser solidarias; y todas ellas, construidas e implementadas a partir del derecho humanitario internacional.

El derecho superior de los más debil tiene que estar en la vanguardia de las políticas públicas de los Estados, principalmente en el contexto del COVID-19, donde migrantes y refugiados no pueden ser olvidados.