Humano derecho a migrar y ciudadanía política sin frontera de los migrantes

Pbro. Mauro Verzeletti, C. S.
Director de la Casa del Migrante de Guatemala y El Salvador
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Inicio este artículo con las bellísimas palabras de Rafael Amor, que enfatizan claramente la ciudadanía política universal sin fronteras: “No me llames extranjero porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo”. Hoy, la defensa de los derechos humanos relacionados a las migraciones internacionales debería ser un campo de actividades importante en las Cámaras de Diputados y Senados de las naciones. Eso porque el fenómeno migratorio en un contexto globalizado está constituido en un proceso de cuatro etapas que marcan el drama humano: origen, tránsito, destino y deportación. La ciudadanía política universal se construye más allá de las fronteras, por lo tanto, los intereses políticos de los Estados deberían de velar por la construcción del bien común, como derecho fundamental de los migrantes.

Los migrantes, como sujetos de derecho, deben de tener una participación amplia y activa en las decisiones de los Estados, donde sean escuchados en sus demandas más allá de una ley que contemple el simple derecho al voto. La emisión del voto en una contienda electoral no significa ciudadanía política, sino un procedimiento burocrático antidemocrático y manipulado en un determinado momento de la vida de la nación, para elegir los gobernantes.

Las migraciones en el mundo ganaron una dinámica de dimensiones inéditas en estos tiempos de globalización. Caben las instituciones públicas, velar por las dolorosas situaciones que viven los migrantes y refugiados, principalmente por los embates perversos de las políticas migratorias que impiden el derecho a la ciudadanía universal. Es de competencia de los Estados desarrollar políticas públicas que contribuyan a mejorar las capacidades de prestar servicios humanos y técnicos adecuados como: hospitalidad y acogida digna, en donde quiera que se encuentren los ciudadanos y ciudadanas.

El ritmo creciente de los flujos migratorios que buscan la realización de sus sueños en otros lugares del planeta, demandan del poder público un correspondiente crecimiento en la prestación de los servicios que necesitan los migrantes y refugiados. En muchos casos los migrantes perdieron la esperanza y el sueño de su país de origen, sin embargo, no pierden el derecho de tener acceso a los servicios del Estado para dignificar y garantizar sus derechos.

Los Estados deben de recuperar su credibilidad ante los migrantes, pues tienen la obligación de formular políticas migratorias humanas para la integración, protección y restitución de la dignidad y Derechos Humanos de las personas migrantes y sus familias. Para los migrantes ciudadanos del mundo patria es la tierra que les da trabajo, pan y amistad.