Estados, migrantes y pandemia COVID-19

Mauro Verzeletti

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El Padre Mauro Verzeletti, CS, pertenece a la Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos. Fue ordenado sacerdote en Brasil en 1993. Estudió Filosofía y Teología, Ciencias Sociales y Políticas. Luego de su ordenación, fue enviado como misionero en la frontera entre México y Estados Unidos, para servir y defender los derechos humanos de las personas migrantes. En 1998 fue enviado a la Guatemala para servir en la Pastoral del Migrante en la Arquidiócesis de Ciudad Guatemala y en la Conferencia Episcopal de Guatemala. También coordinó por años la Región la Red Internacional para las Migraciones Scalabriniana –SIMN- Desarrolla el trabajo pastoral junto a los migrantes y refugiados en la Región Centroamericana. Los Misioneros S. C. Scalabrinianos están al Servicio Pastoral junto a los migrantes, refugiados, desplazados y deportados. Actualmente, ejerce la función de Director de la Casa del Migrante de Guatemala y El Salvador. Él es conocido dentro de los medios sociales como la voz de los migrantes por su compromiso y lucha constante en la denuncia de las injusticias.

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Pbro. Mauro Verzeletti, cs
Director de la Casa del Migrante Guatemala y El Salvador

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración expresa una fuerte preocupación ante la situación de “retorno forzoso de migrantes por parte de Estados en muchas regiones del mundo”. Pide a los “Estados proteger la salud de los migrantes y las comunidades, y de defender los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria”.

En las fronteras es necesario implementar protocolos sanitarios que garanticen la salud, y cuando se requiere la aplicación de ciertas “restricciones para la circulación temporalmente para impedir la transmisión de la COVID-19, las medidas no pueden ser discriminatorias”. Tampoco las políticas migratorias de los Estados tienen que impedir el acceso a un lugar digno para vivir en tiempos de pandemia. Vidas solamente serán salvadas a partir de la aplicación del derecho humanitario internacional.

Los derechos humanos fundamentales deben ser respetados mismos en un contexto de crisis sanitaria, pues la Red pide a los Estados evitar “expulsiones colectivas, tales como el rechazo arbitrario de migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras; evaluar individualmente las necesidades de protección; y respetar el estado de derecho y las garantías procesales. También significa dar prioridad a la protección, en particular el interés superior de cada niño. Estas son obligaciones dimanantes del derecho internacional que nunca deben dejarse de lado y que son esenciales en cualquier enfoque destinado a combatir con éxito la COVID-19 en beneficio de todos”.

Así mismos, la Red pide a los Estados que se implemente protocolos seguros para “proteger a los migrantes que retornan y a sus comunidades, ya se trate de la realización de pruebas a la llegada o de la instauración de cuarentenas y medidas de autoaislamiento que preserven la unidad familiar y garanticen el interés superior de los niños. Los migrantes retornados durante el traslado y a su regreso, no pueden ser imposibilitados de acceder a servicios adecuados de atención de la salud, de agua y saneamiento, de transporte terrestre, además de las restricciones adicionales a la circulación y de la discriminación y la estigmatización violentas en las comunidades de retorno. En algunos contextos, los migrantes y los solicitantes de asilo que retornan también pueden estar expuestos a un desplazamiento prolongado, caer en las redes de la trata de personas y afrontar dificultades financieras extremas debido al aumento del desempleo, ya de por sí elevado, ocasionado por la COVID-19”.

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración hace hincapié de las responsabilidades contraídos por los “Estados en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular a efectos de defender los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria, y de mejorar la gobernanza de la migración, en particular mediante la cooperación para salvar vidas y mantener a salvo a los migrantes.…, y promuevan el Objetivo 21 del Pacto Mundial para la Migración mediante el respeto de las debidas garantías procesales y la prohibición de las expulsiones colectivas y del retorno forzoso de migrantes cuando ello conlleve riesgos previsibles para sus derechos humanos”.

En el contexto de la pandemia COVID-19 Naciones Unidas hace un serio llamado a los Estados para que impidan la situación de vulnerabilidad a través de la aplicación de políticas justas, en donde se priorice la “inclusión de los migrantes en su respuesta integral frente a la suspensión temporal de los retornos forzosos y la concesión de prórrogas de visados y permisos de trabajo, permisos de residencia temporal u otras formas de regularización; así como la liberación de inmigrantes en centros de detención y la búsqueda de alojamientos alternativos seguros y no privativos de la libertad en la comunidad, en lugar de la deportación”.

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración es muy enfática en señalar que las políticas púbicas en el ámbito de salud en tiempos de pandemias como el COVID-19, los Estados deben de ejercer una función primordial de garantía y protección de los derechos humanos. La salud debe de ser un derecho de dominio público y de igualdad para todos, evitando todas aquellas actitudes de indiferencia, odio y discriminación, sin importar la situación migratoria de la persona.