Dos años sin Berta Cáceres y en Honduras aún claman justicia

Tegucigalpa
DPA

Sucedió en la madrugada del 3 de marzo de 2016: un grupo de sicarios entró en la casa de Berta Cáceres y acabó con la vida de la ambientalista hondureña de origen lenca.

Dos años después existen más dudas que respuestas sobre este crimen, que será recordado hoy con actos a los que han sido invitados, entre otros, el oscarizado actor estadounidense Leonado Di Caprio, conocido por su activismo ecológico, y la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz de 1992.

¿Quiénes fueron los autores intelectuales? ¿Por qué las autoridades no los han capturado? ¿A quién se está protegiendo? Éstas son algunas de las incógnitas que deben responder las autoridades y que los familiares de la activista piden que se aclaren para que haya verdadera justicia.

Berta Cáceres fue asesinada a balazos por aquellos hombres que entraron a su casa del residencial El Líbano, en La Esperanza, Intibucá. En el atentado también resultó herido un ambientalista mexicano amigo de Cáceres, Gustavo Castro, único testigo del hecho.

Sus familiares desde ese día señalaron como responsables del crimen a trabajadores y ejecutivos de una empresa hondureña que desarrolla el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, sobre el río Gualcarque, en la comunidad de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. La compañía rechaza estas acusaciones.

Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), había librado una dura batalla para frenar la construcción de esa represa, debido a que consideraba que la concesión se otorgó de forma ilegal, motivo por el cual recibió amenazas, según cuentan sus parientes.

Después del crimen, las autoridades detuvieron a ocho personas, entre ellas un ingeniero de la empresa a cargo del proyecto, tres personas con vínculos con el ejército y un exjefe de seguridad de la compañía. Pero para los familiares de Berta Cáceres eso no es suficiente.

Gustavo Cáceres Flores, hermano de la ambientalista, declaró a medios locales que ellos continúan la lucha para que termine lo que consideran un proceso de impunidad y exigen que el Estado hondureño tenga el valor de llegar hasta los autores intelectuales del crimen.

“Esa conspiración muy estructurada y planificada llevó como acción final el asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, ella está con nosotros presente, más viva que nunca, porque Berta no murió, se multiplicó”, expresó.

Por su parte, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, declaró a dpa que el caso se encuentra bajo secreto de sumario para no entorpecer las investigaciones que tienen como propósito determinar quiénes son los autores intelectuales y capturarlos.

Según Mora, desde el día del crimen el Ministerio Público conformó un equipo multidisciplinario para investigar el caso y se lanzó la “Operación Jaguar”, que dio como resultado la captura de las citadas ocho personas, que actualmente se encuentran en prisión con auto de formal procesamiento.

“El crimen de Berta Cáceres continúa en etapa de instrucción en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a fin de castigar a otras personas que estarían siendo señaladas a nivel de autores intelectuales del vil hecho”, expresa un informe del Ministerio Público divulgado el 22 de febrero.

“El Ministerio Público está consciente de las repercusiones nacionales e internacionales que este caso ha tenido, sin embargo, queremos garantizar que tanto los autores materiales como intelectuales terminarán en la cárcel”, advierte el documento.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para el activismo ambiental, según el más reciente informe de Global Witness, divulgado en enero del 2017, situación que a la fecha parece no haber cambiado.

Así lo corrobora el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, para quien la situación actual de los defensores de la tierra sigue siendo precaria en Honduras.

“Desafortunadamente, y a pesar de la muerte y el dolor que se ha generado por la pérdida de vidas de liderazgos indígenas, campesinos y de defensores de derechos humanos, no se ha detenido la persecución y la intimidación hacia los sectores señalados”, dijo Méndez a dpa.

En este sentido, comentó que esas amenazas provienen de los grupos económicos que se imponen a toda costa en los sectores territoriales que ancestralmente corresponden a las poblaciones indígenas, negras o campesinas.

Hoy, cuando se cumple el segundo aniversario de la muerte de Cáceres, sus familiares, amigos y compañeros de lucha tienen programadas a escala nacional una serie de acciones para exigir justicia y que su muerte no quede en la impunidad.

De igual forma solicitarán a las autoridades del Estado que se cancele de forma definitiva la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, el proyecto contra el que Cáceres, desde el Copinh, alzó su voz.