Designación de Gobernadores Departamentales para 2020 2024 

Rodulfo Santizo

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Guatemalteco, migrante, facilitador de procesos para fortalecer el tejido social, visor y monitor del bienestar social, multifacético, persistente, soñador por una Guatemala diferente, gestor en desarrollo.

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Por Rodulfo Santizo
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Por un lado la Constitución Política de Guatemala en su Artículo 227, dice: el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el Presidente de la República, deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado. 

Ahora bien, la Constitución es la ley macro que define las normas administrativas del gobierno y también regula la participación de la sociedad civil, considerando los acomodos, exigencias y evolución de las sociedades; es acá donde tiene vital importancia tomar en cuenta los espacios legales que se van dando de acuerdo a los derechos y acciones consuetudinarias y necesarias en los cambios que una sociedad va manifestado y exigiendo a sus autoridades para que sean tomados en cuenta con voz y voto en las decisiones más importantes en sus jurisdicciones; de estos cambios y procesos surge la Ley de Desarrollo Urbano y Rural, mencionado también en el Artículo 228, de la misma Constitución, por lo tanto, se tiene también el derecho constitucionalmente. 

En esta ley de participación ciudadana en cada departamento dice que el Presidente de Guatemala al nombrar al Gobernador Departamental debe tomar en cuenta la terna presentada por la sociedad civil representada en dichos Consejos Departamentales, producto de un escrutinio, valoración, evaluación y selección de los candidatos que reúnan las experiencias, conocimiento, cualidades, capacidades e idoneidad para ocupar este cargo que ya no solo es el de Gobernador Departamental, sino también el de Presidente del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, porque le tocará ser coordinador del presupuesto asignado al departamento basado en Listado Geográfico Nacional, que requiere una persona con claros conocimientos en temas de desarrollo y no solo una figura decorativa como lo han sido muchos gobernadores. 

En estos tiempos donde  hay más conocimiento, observación y participación de la sociedad civil en los procesos de los ciclos de proyectos dentro del Presupuesto del situado geográfico nacional que le corresponde a cada departamento, es cuando el Presidente Electo debe prestar mucha atención para oír, analizar y tomar en cuenta las propuestas que de estos sectores departamentales, porque es el filtro y escrutinio de la población a los futuros gobernantes del Ejecutivo en cada departamento, dándole esa oportunidad a la población para que sean ellos quienes propongan las personas para este importante cargo en el departamento. 

Por experiencia vivida en muchos departamentos se puede citar que ningún presidente ha tomado en cuenta las propuestas de la sociedad civil y nombran como gobernador a uno de los financistas o candidatos perdedores en las elecciones en las posiciones para alcaldes o diputados y que como norma van a recuperar lo gastado en la campaña al dedicarse a pedir los tradicionales porcentajes de las obras en contubernio con las empresas constructoras, alcaldes, diputados y algunos empleados de los Consejos Departamentales de Desarrollo que participan en estos mal habidos negocios y robos del dinero público.  

Que se debe hacer, en el entendido de cada vez que hay gobierno nuevo, hay esperanza de un cambio a lo tradicional y se presenta otra vez la oportunidad para empoderar y en forzar  la ley de Consejos de Desarrollo, la sociedad civil con representación legal, legítima y representativa en los Consejos Departamentales, haga una convocatoria pública en cada departamento para invitar a todas las personas que deseen ocupar el puesto de Gobernador Departamental y Presidente del Codede, con la idea de hacer de esto una verdadera fiesta de participación cívica y ciudadana; así estarían abriendo los espacios a toda la población y hacerle ver a las autoridades que la población en general tiene esas oportunidades de conocer los procesos para designar a sus autoridades locales.  

Las entregas de expedientes y citas de los aspirantes deben hacerse de manera pública en los espacios de reuniones acostumbrados para eventos públicos para que toda la población sea visora de los procesos y no tener sorpresas por amaños y manejo de influencias; toca pues, 1). a los representantes de cada uno de los pueblos indígenas que habiten en el departamento, 2).  representante de las cooperativas que operen en el departamento, 3). representante de las Asociaciones de Propietarios de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que operen en el departamento, de los sectores de la manufactura y los servicios, 4). representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras e industriales que operen en el departamento, 5). a los dos representantes de las organizaciones campesinas que operen en el departamento, 6). representante de las organizaciones de trabajadores que operen en el departamento, 7). representante de las organizaciones guatemaltecas no gubernamentales de desarrollo, que operen en el departamento, 8). representante de las organizaciones de mujeres que operen en el departamento, 9). representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 10). representante de las universidades privadas que operen en el departamento; si lo consideran conveniente, aunque a veces no muy saludable a los secretarios generales departamentales de los partidos políticos con representación en el Organismo Legislativo, quienes participarán con voz, pero sin voto.

Para no tener sorpresas en estos procesos es recomendable que la sociedad civil en general exija que todo se haga en eventos públicos en salones abiertos donde todos los ciudadanos puedan ser visores y contralores de tan importantes actividades ciudadanas y en cabildo abierto darle seguimiento con participación de los medios de comunicación, organizaciones civiles, Procuraduría de Derechos Humanos, representantes de iglesias, entre otros entes que velan, protegen y defienden los intereses, beneficios y derechos de la población en general.  

En estos espacios se le debe dar participación a la población y hacer lo bueno que a veces la ley no lo dice, pero es importante hacerles sentir que se les toma en cuenta, no como lo que pasa con Conamigua, que siendo una ley para los migrantes, ni por asombro a la diáspora se le toma en cuenta, quienes verdaderamente saben del tema, por vivirlo, experimentarlo y saborearlo en las vivencias, fracasos, malas experiencias y mas que todo en sus éxitos; porque por todos es sabido que los migrantes somos justificación para darle salario a muchos empleados públicos que en su mayoría no hacen nada por nosotros, caso claro y concreto la famosa Conamigua, entre otros.