COVID-19, migraciones y deportaciones en América Central

Mauro Verzeletti

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El Padre Mauro Verzeletti, CS, pertenece a la Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos. Fue ordenado sacerdote en Brasil en 1993. Estudió Filosofía y Teología, Ciencias Sociales y Políticas. Luego de su ordenación, fue enviado como misionero en la frontera entre México y Estados Unidos, para servir y defender los derechos humanos de las personas migrantes. En 1998 fue enviado a la Guatemala para servir en la Pastoral del Migrante en la Arquidiócesis de Ciudad Guatemala y en la Conferencia Episcopal de Guatemala. También coordinó por años la Región la Red Internacional para las Migraciones Scalabriniana –SIMN- Desarrolla el trabajo pastoral junto a los migrantes y refugiados en la Región Centroamericana. Los Misioneros S. C. Scalabrinianos están al Servicio Pastoral junto a los migrantes, refugiados, desplazados y deportados. Actualmente, ejerce la función de Director de la Casa del Migrante de Guatemala y El Salvador. Él es conocido dentro de los medios sociales como la voz de los migrantes por su compromiso y lucha constante en la denuncia de las injusticias.

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A pesar de la pandemia coronavirus las deportaciones continúan desde México y Estados Unidos, poniendo en riesgo la vida de miles de personas causando pánico en los países y comunidades de origen. Las deportaciones masivas ponen en evidencia una coyuntura económica que expulsa masivamente la población de Centro América, forzándolos a buscar mejores oportunidades de vida. Aquí es importante ser claros; si por un lado, existe el aumento de familias que migran cruzando fronteras, es porque son flujos constantes e intensos que buscan nuevas oportunidades, como lo son las caravanas de centroamericanos hacia la frontera Guatemala y México y entre México y Estados Unidos; y por otro lado, no podemos ignorar a los encarcelados, infectados, enfermos y las muertes de los migrantes por la pandemia, que a cada días son víctimas de las políticas de odio, de indiferencia y de racismo.

Ciertamente, los programas de deportaciones presentan lagunas, contradicciones y falta de supervisión, especialmente en la asistencia a las niñas, niños, adolescentes y atención médica, procedimientos necesarios y de debido proceso. Sin embargo, en tiempos de crisis hay que reconstruir el modelo de deportaciones, para que sean más serios y con soluciones adecuadas.

El cambio tiene que iniciar a partir de nuevas políticas migratorias que incorporen convenios y tratados internacionales sobre migraciones, para construir mecanismos de protección de los derechos humanos de migrantes y solicitantes de protección internacional. Para los migrantes, detenidos y deportados la situación se vuelve aún más grave por la crisis mundial del mercado neoliberal.

Los Estados a partir de la tragedia del COVID-19 tienen la responsabilidad de implementar acciones concretas para reconstruir el modelo económico desde la solidaridad global, con nuevas políticas públicas para que impacten positivamente en las poblaciones más vulnerables, principalmente en los migrantes, refugiados y desplazados.

Las familias migrantes viven el drama del retorno involuntario, la situación empeora por la desigualdad social que existe en el origen de los flujos migratorios y por la economía globalizada excluyente. Son forzadas a regresar a su origen en donde la pirámide socioeconómica evidencia una gran brecha socio-económica de desigualdad. Vivimos en una realidad conocida y notoria que, los ingresos aumentar en la población rica y, disminuyen proporcionalmente a la inversa en relación a la clase trabajadora. El COVID-19 ha desnudado las asimetrías económicas escandalosas, pues las consecuencias ya están impactando en todo el mundo, principalmente en los trabajadores migratorios y sus familiares.

Infelizmente, el mundo se encuentra envuelto en dos tragedias que se complementan; la primera, el sistema de mercado neoliberal que obedece la lógica de las privatizaciones perversas; la segunda, de la pandemia sanitaria COVID-19. La pandemia está exponiendo al mundo la tragedia del actual modelo económico que prioriza la ganancia y la explotación sobre la mano de obra de las grandes mayorías, con el colapso de los servicios básicos como salud, educación y vivienda.

El COVID-19 evidenció las disparidades sociales en los países subdesarrollados, que amenaza la integridad de los los derechos humanos. Michelle Bachelet hace un llamado a construir puentes de unidad: “Este es un momento para la solidaridad internacional y para la colaboración y cooperación.” Así mismo, el Papa Francisco insiste en el compromiso ético con los migrantes indocumentados, deportados, refugiados y desplazados, porque en las regiones fronterizas existen miles de trabajadores que se dedican en las zafras agrícolas, la industria de maquilas, el trabajo doméstico o informal.

Pbro. Mauro Verzeletti, cs
Director de la Casa del Migrante Guatemala y El Salvador