Cajolenses reclaman tierras; son del 4o departamento con más retornados de EE.UU.

Fotos de Grecia Ortiz

Un niño jugaba con la rama de un árbol, que luego fue utilizada por un grupo de mujeres para avivar una fogata sobre la que preparaban alimentos para los vecinos de la comunidad de Cajolá, Quetzaltenango, frente a Casa Presidencial en la zona 1 capitalina.

Los pobladores, estuvieron esperando la respuesta del Gobierno de Jimmy Morales por dos semanas a la problemática de tierras, tiempo tras el cual lograron un convenio con el que se adquiriría una finca en Retalhuleu.

El grupo integrado por mujeres, hombres y niños, pernoctó en el lugar, con el apoyo de algunas personas y organizaciones que les llevaron donativos de alimentos.

La Hora Voz del Migrante, conversó con dos personas que se encontraban en el lugar, quienes explicaron que debido a la falta de tierras, algunos pobladores han visto limitados sus ingresos, porque no tienen en donde sembrar sus cultivos e incluso han considerado la migración como una opción y además, opinaron que lejos de ser seguro, Guatemala es un país “inseguro” en referencia al acuerdo que el Gobierno firmó con Estados Unidos.

Por lo menos el área rural de Cajolá, según un estudio del INE realizado en 2011 y publicado dos años después, más del 94 por ciento de las personas viven en condiciones de pobreza.

En cuanto a retornos desde Estados Unidos y México, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), reporta que han sido deportados más de 150 personas originarias de Cajolá, mientras Quetzaltenango figura entre los puestos con mayor número de deportados.

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Por Grecia Ortíz
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Según la OIM, Quetzaltenango es uno de los departamentos que ha reportado mayoría de retornos de enero a junio, con 4 mil 437, solo superado por lugares como Huehuetenango, San Marcos y Quiché respectivamente.

En Cajolá, de acuerdo al Registro Nacional de las Personas (RENAP), hay un total de 24 mil 005 personas inscritas, entre niños y adultos, mientras el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) destaca que de enero a junio, han retornado 158 personas originarias de ese municipio.

Con un niño en brazos, Zoila Pérez, integrante del grupo de comunitarios, indicó que esperaban les resolvieran un problema de tierras que tienen desde hace varios años.

Horas más tarde de conversar con Pérez, quien dijo que no tenían respuesta del Gobierno, el vicepresidente Jafeth Cabrera suscribió un convenio con comunitarios de la etnia Mam que demandaban tierras, por el que el Gobierno se comprometió a adquirir la finca “Los Cuchumatanes” en Retalhuleu.

Tras el dialogo, las familias salieron de la ciudad capitalina rumbo al interior del país.

El grupo de unas 310 familias, integrado por 600 personas entre adultos y niños, durmió en las calles esperando que el Gobierno de Jimmy Morales, les diera una respuesta a la problemática, que aseguran el ofreció resolver.

Las personas cocinaron sus alimentos en la calle y tendían su ropa en lazos improvisados, mientras quienes transitan en el lugar veían el ajetreo de las familias que preparan sus provisiones y otros se lamentaban porque ya llevaban dos semanas frente a la Casa Presidencial.

Ciertos grupos se preocuparon por las condiciones en que se encontraba la comunidad.

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ZOILA: “LA GENTE SE VA, LOS REGRESAN”

Zoila, contó que esperaban la respuesta del Gobierno para dialogar y buscar una salida a la problemática de tierras que atraviesan en la actualidad, porque no tienen en donde cosechar sus alimentos y por lo tanto recursos para subsistir.

“Nosotros conseguimos una finca, pero el problema ahora es que no pagan la finca y eso es lo que queremos que nos ayuden”, relató.

Y es esta situación la que asegura ha llevado a migrar a muchos vecinos de la comunidad, incluso a Estados Unidos, porque no tienen empleos “la gente se va, los regresan y los agarran y así”.

Un Mapa de Pobreza Rural de Guatemala de 2011, del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que en el área rural de Cajolá la pobreza total alcanzaba a un 94.9% por ciento de la población (el índice más alto en todo el departamento de Quetzaltenango).

“La lluvia y sol nos está afectando con gripes y fiebre en los niños y adultos. Le decimos al señor presidente Jimmy Morales que está sentado ahí que nos escuche porque al pueblo Mam lo deja apartado, hay discriminación”, relató Pérez.

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GUATEMALA ES UN PAÍS “INSEGURO”

Otro de los pobladores que conversó con La Hora Voz del Migrante, expresó que sin duda lo que ocurre en el país ha obligado a las personas a migrar y difiere de lo hecho por el gobierno de firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro.

“No por el momento no, inseguro tal vez, hace poco escuche que el gobierno firmó un acuerdo. Pero aquí no hay igualdad, no hay nada todo está lleno de corrupción eso es lo que manda. No hay seguridad porque si así fuera desde que venimos el presidente hubiera hecho algo por nosotros”, expresó.

El clima de los últimos días afectó a las personas en lugar, sobre todo a los niños, según dijo el entrevistado, previo al anunció del convenio firmado con el vicepresidente.

Desde 2016, el gobierno de Morales asumió el compromiso de garantizar los recursos económicos para la adquisición de tierras de las más de 300 familias maya Mam.

Ahora, que el gobierno se comprometió a adquirir la finca “Los Cuchumatanes” en Retalhuleu, el seguimiento estará a cargo del ministro de Finanzas, Víctor Martínez y el ministro de Agricultura, Mario Méndez-Montenegro.

La migración ha sido parte de la vida de las personas en Cajolá, pues en marzo pasado al menos dos de los 23 migrantes que murieron en un accidente en México, eran originarios de ese municipio. Todos viajaron esperando encontrar oportunidades para superarse en el extranjero.

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LA FALTA DE OPORTUNIDADES Y MEDIOS DE TRABAJO ES UNO DE LOS FACTORES DE MIGRACIÓN

En ese contexto, la experta y catedrática de la Universidad del Valle de Guatemala, Aracely Martínez, explicó que uno de los factores de la migración de personas que viven en condiciones como los vecinos de Cajolá es la falta de oportunidades, medios de vida y trabajo, así como la falta de tierra, la cual también es parte de la exclusión de pueblos originarios.

“Después de la reforma agraria de 1950 no ha habido ningún intento del Gobierno por regular el acceso a la tierra, por lo que se suma a las causas estructurales de expulsión”, comentó Martínez.

Por ello, añadió que si el 30 por ciento de población económicamente activa vive de la agricultura (por cuenta propia o jornaleros), la tierra termina siendo un factor de exclusión.

“Está concentrada en pocas manos y dedicada a agricultura de exportación. Los jornales son insuficientes para sostener dignamente a las familias”, añadió la entrevistada.

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