¿Y la ciudadanía?

En cuestión de horas ocurren hechos que deben considerarse como realmente tenebrosos por sus implicaciones en cuanto a los avances de la dictadura de la corrupción en Guatemala. Primero fue la negativa descarada del Ministerio de Gobernación para dar apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en un caso de corrupción lo que se tradujo en la imposibilidad de realizar capturas de sindicados y horas después es un juzgado el que deja en libertad a Blanca Stalling, rostro visible del sistema de corruptos, pasando por alto que está sindicada, además de los otros delitos, por resistencia al arresto con agravación específica porque al momento de ser detenida no sólo se disfrazaba con peluca sino portaba una pistola con la que amenazó a los agentes.

Eso luego de que los ministros de Estado fueron acarreados en un bus de la SAAS para ir a presionar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en apoyo a la ministra de Relaciones Exteriores que afanosamente busca expulsar a todos los diplomáticos que apoyen la lucha contra la corrupción.

No digamos el Congreso con su afán de aprobar la reforma para despenalizar el financiamiento electoral ilícito y para legalizar el transfuguismo, además de otras leyes pro impunidad que se siguen cocinando a fuego lento en el Organismo Legislativo. Todo el aparato del Estado funciona a favor del Pacto de Corruptos y es cada día más evidente la desesperación que tienen sus integrantes que recientemente cobró fuerza cuando una turba de gente, de las que critican lo que hace CODECA, trató de irrumpir en el Tribunal Supremo Electoral afirmando que ahora, cuando hay más control al financiamiento, son ellos los que no quieren elecciones con esas condiciones.

Pero la pregunta del millón es dónde está la ciudadanía guatemalteca ante esa ofensiva sin precedentes del Pacto de Corruptos que con total desfachatez (para muestra la actitud de la jueza que liberó a Stalling) se burlan de las leyes y de la razón con disposiciones que son una muestra clara de que le tienen tomada la medida a un pueblo que no se inmuta ni siquiera ante el más absoluto y burdo descaro.

No nos damos cuenta que el desmantelamiento de instituciones como la PNC ocurrió también en Nicaragua para dar paso a la corrupta dictadura de Ortega y su esposa, a fin de tener cuadros dispuestos a reprimir al pueblo, justamente lo que hace este gobierno ahora al remover a policías decentes sin razón ni fundamentos, sólo para hacer de ese cuerpo de seguridad una fuerza represiva.