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La mujer migrante ante el Sistema de Justicia guatemalteco

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La mujer migrante ante el Sistema de Justicia guatemalteco

Por Eduardo Castillo
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La sociedad patriarcal guatemalteca normaliza la violencia contra las mujeres y privilegia leyes “adyacentes” (ley de la propiedad, código civil, familia, divorcio, matrimonio, pensión alimenticia, ley de armas) sobre las leyes de la violencia contra la mujer,  institucionalizando la subordinación de las mujeres y generando impunidad del 97% de casos. Esto lleva a la falta de justicia y migración de mujeres guatemaltecas que ahora en el exilio son temas de negociaciones en la “Estrategia de Estados Unidos para Centroamérica”.

Empujar a las mujeres a denunciar la violencia en su contra es irrelevante porque no existe una verdadera estructura legal e institucional para aplicar las leyes de la violencia contra la mujer.  Los jueces se resisten a emitir órdenes de restricción porque viola el principio de igualdad ante la ley y protección de los hombres, incluso, algunos dicen que es inconstitucional. La policía dice que se viola los derechos de propiedad privada. Los fiscales carecen de procedimientos de investigación, recopilación y preservación de pruebas, incluso, cuando las familias de las víctimas ofrecen ayudar. Los funcionarios de justicia reclaman que están confundidos o aducen ignorancia.

Las autoridades ven a las mujeres como las culpables de  que sean maltratadas, violadas o asesinadas.  No se persigue al perpetrador del daño. Muchos crímenes contra mujeres no son denunciados y cuando una mujer intenta denunciar al abusador a la policía, fiscales y jueces, son indiferentes al ciclo de violencia doméstica. Muertes no son investigadas. Culpan a las mujeres por el “mal comportamiento” de sus parejas y que los hombres deben controlarlas.  Que no se vistan demasiado provocativas y cumplan en la casa. En Guatemala “estamos acostumbrados” a que la mujer aguante todo.  El Estado de Guatemala mantiene el status quo y los factores estructurales sociolegales socaban a la mujer, la subordinan y las  ponen en mayor peligro a ser víctimas de trata sexual.

Para ejemplificar: 1) La ley no incluye cuando los hombres coaccionan o engañan a las mujeres para que se casen. 2) “Buen comportamiento” solo aplica para las mujeres, pero no para los hombres.   3) Si un hombre es dueño de la casa, no se le puede ordenar su remoción. 4) Casi nunca se ordenan medidas de apoyo para la mujer y sus hijos.

Hasta no tener una prioridad de justicia de protección a la mujer, las leyes adyacentes serán discriminatorias contra ellas y la migración de mujeres y trata sexual se incrementarán  en Guatemala.

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