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REPORTAJE CASO BANCAFÉ: PARTE CUATRO

Estafa Bancafé Int: Q450 millones del Fopa que no devuelven a ahorrantes

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Estafa Bancafé Int: Q450 millones del Fopa que no devuelven a ahorrantes

Ximena Enríquez /
xenriquez@lahora.com.gt

Más de Q450 millones que le pertenecen a los clientes estafados de Bancafe International Bank (BIB) se encuentran en las arcas del Fondo para la Protección del Ahorro (Fopa). El Ministerio Público y los tribunales esperan que se emitan condenas en el proceso antes de si quiera pensar en reintegrar fondos.

A pocos días de alcanzar el aniversario número once de la suspensión forzosa de Banco del Café (Bancafé) y del Grupo Financiero del País (GFP), el caso sigue entrampado en los tribunales.

Ese 19 de octubre de 2006 marcó un hito en la historia financiera del país. Bancafé fue la primera institución clausurada por la Ley de Bancos y Grupos Financieros aprobada en 2002. Una década después, este proceso de suspensión es calificado como una transición ejemplar y es motivo de estudio en las facultades de Derecho y Economía del país.

Y no deja de ser cierto. Bancafé aglutinaba a 1.4 millones de cuentas, era el tercer banco más grande del sistema y todos esos clientes locales recuperaron sus fondos. No hubo una corrida ni pánico financiero. El sistema quedó intacto.

Pero fueron los clientes de Bancafe International Bank (BIB), ubicado en Barbados, quienes salieron perjudicados. Sus ahorros depositados en esa offshore quedaron fuera del esquema de rescate tras la suspensión.

BIB no era una entidad secreta, inclusive llevaba el mismo nombre que Bancafé. Fue autorizada por la Junta Monetaria (JM) y regulada por la Superintendencia de Bancos (SIB). Además, contaba con el respaldo financiero de Bancafé, como lo establece la Ley de Bancos. Es decir, si la offshore estaba en aprietos, el banco tenía la obligación de subsanar cualquier problema. Y era justo lo que sus directivos hacían.

Al momento de la crisis, Bancafé le había trasladado más de US$37 millones a BIB para saldar su deficiencia patrimonial producto de un retiro veloz de fondos. En menos de un año los cuentahabientes de BIB sacaron US$180 millones de sus depósitos y los clientes continuaban demandando su dinero. Bancafé le trasladaba efectivo a BIB para cumplir con esa obligación. Pero tras la intervención, la JM no les permitió concluir la tarea.
Todos los clientes locales de Bancafé recuperaron sus fondos, pero sin mayor explicación los de BIB fueron excluidos en la devolución de activos. Sus más de 3 mil cuentahabientes quedaron en el limbo, y con ellos, sus depósitos. Hasta la fecha han recobrado un tercio de su capital, pero aún esperan recuperar US$100 millones más. Los peritajes del MP dan cuenta que al menos Q170 millones (US$21.5 millones) se encuentran en el Fondo para la Protección del Ahorrante (Fopa), administrado por el Banco de Guatemala (Banguat). Y un estudio posterior del MP reveló que podrían ser hasta Q450 millones.

Y esa no es la única novedad. Los documentos de la investigación del caso demuestran que al momento de su cierre, Bancafé no era una institución fallida. Al contrario, el banco tenía Q7 mil millones de activos y era un negocio en marcha. El Banco del Café pudo haberse salvado.

EL PRIMER INTENTO

La tarde del 15 de marzo de 2013, alrededor de 60 cuentahabientes de BIB dejaron sus negocios, sus familias o sus trabajos para asistir a la audiencia en la que el juez Walter Villatoro ordenaría la devolución de Q170 millones (US$21.5 millones). Bueno, eso creían.

Ellos, eran tan solo una fracción de los más de 3 mil 300 que perdieron sus depósitos en dólares en 2006, casi siete años atrás. Los asistentes iban esperanzados en que el sistema de justicia les daría la razón y que para el final de esa jornada estarían en camino a cobrar sus cheques.

El MP y los querellantes adhesivos del proceso descubrieron estos fondos gracias a tres peritajes realizados por auditores expertos en banca. Dos de los documentos los elaboró el MP y el tercero, un perito contratado por la firma PriceWaterhouseCoopers (PwC). Los resultados fueron presentados en 2011.

PwC llegó a este caso al ser nombrado por la Alta Corte en Barbados como el custodio y liquidador de BIB. En Guatemala buscaron al bufete Carrillo & Asociados para investigar el caso. Durante más de una década han invertido 136 mil horas hombre y contratado a 73 personas tiempo completo y 143 a tiempo parcial. PwC también formó equipo con el MP para averiguar qué pasó dentro de Bancafé y cómo recuperar los fondos. Pero esa tarde de 2013 la alianza se tambaleó.

Los peritajes tenían un fin: Identificar la ruta del dinero perdido en BIB: US$150 millones. Los auditores encontraron Q170 millones (US$21.5 millones) en el Fopa. Y con esta documentación en mano, PwC solicitó la audiencia para que se devolvieran esos fondos y tras meses de espera, llegó.

La citación no se llevó a cabo en la Sala del Juzgado Décimo. El Organismo Judicial desocupó el primer nivel de la Corte Suprema de Justicia y habilitó el espacio para acomodar a los asistentes. La Sala improvisada se llenó. Con el sonido de las campanas de los elevadores en el fondo y las miradas asombradas de los visitantes a la Corte que no esperaban una reunión en el lobby, la diligencia comenzó.

EL RECLAMO

La solicitud que presentó PwC basada en los peritajes se puede explicar de la siguiente manera: al momento en el que la Junta Monetaria suspendió las operaciones de Bancafé en 2006 se instaló una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos (JEAP), encargada de trasladar todos los activos del banco (depósitos, inmuebles, cuentas por cobrar, entre otros) a un fideicomiso administrado por la Corporación Financiera Nacional (Corfina). La tarea de Corfina era devolverles todos sus fondos a los clientes.

Para realizar la devolución, las cuentas se debían transferir a bancos activos en los que las personas pudieran retirar o guardar su capital. Hubo tres interesados (y beneficiados): Banco de Desarrollo Rural (Banrural), Banco Reformador (Bancor) y Banco Agromercantil (BAM). Corfina repartió las 1.4 millones de cuentas y las más de 168 agencias de Bancafé entre ellos. De un día a otro, los tres aumentaron su valor y su capital de forma sustancial.

La única agencia que no se regaló fue la central, la Torre del País ubicada en la Avenida Reforma. Un avalúo elaborado por la firma Anzueto y Asociados y presentado a Corfina en marzo de 2007 valoraba el edificio en Q318 millones. Corfina lo vendió a Banrural por Q110 millones, un tercio de su valor.

Según los estimados de Eduardo González, expresidente de Bancafé y hoy sindicado en este proceso, las agencias se pudieron vender por al menos Q20 millones, “pero las dieron de gratis con mobiliario, equipo y clientes”, lamenta. Él asegura que Corfina hizo “piñata” el banco.

Tras repartir las cuentas e inmuebles, Corfina debía entregar la plata. Según el informe final de la JEAP (presentado en diciembre de 2007), los activos de Bancafé alcanzaban casi Q7 mil millones.

El fideicomiso administrado por Corfina fue complementado con capital del Fopa. Este fondo fue una creación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros de 2002 y es administrado por el Banguat. Su fin es proteger a los ahorrantes del sistema y se financia de aportes mensuales que dan todos los bancos (o indirectamente sus clientes). Además, genera intereses y esos suman a los estados de cuenta del Fondo.

Si un banco entra en problemas y pierde el dinero de sus clientes, el Fopa cubriría hasta Q20 mil por cada cuenta de ahorros. No importa si tiene Q20 mil 001 o Q200 millones, le reintegrarán no más de Q20 mil. Según sus estados financieros más recientes el fondo tiene un patrimonio de Q4 mil 438 millones (julio 2017).

El Fopa debía dar Q20 mil por cada cuenta de ahorros de Bancafé por lo que debieron aportar Q2 mil 047 millones. Sin embargo, el banco no necesitó todo porque tenían suficientes activos para reintegrar a todos sus clientes. El fondo solo aportó Q1 mil 600 millones. Según el informe de la JEAP, se produjo un “ahorro” de casi Q450 millones. Y de aquí parte el reclamo.

Según los peritajes, Q170 millones de los clientes de BIB estaban en el Fopa porque parte de los activos excluidos le pertenecían a esa institución. Pese a no contar con los beneficios del fondo por ser extranjeros (el fondo sólo cubre cuentas locales), si aportaron activos a este y por eso merecían recuperar su dinero. Y con esa cifra y la documentación en mano, el MP y PwC presentaron el reclamo en 2011. Eso los llevó a esa audiencia de marzo de 2013.

LA AUDIENCIA

Una cita que debía transcurrir casi en automático encontró varios baches en el camino. Esta duró dos jornadas completas, la primera el 8 de marzo de 2013 y la siguiente el 15. Durante semanas el MP y PwC prepararon sus argumentos. PwC llegó con una presentación cargada de evidencia y audiovisuales mientras que el Fiscal se auxilió de un Código Penal y su memoria.

Las víctimas sabían qué esperar porque habían sido citadas a las oficinas de Carrillo para escuchar a los abogados, explicarles qué había sucedido con su dinero y cómo, junto con el MP, pensaban recobrarlo. Estaban convencidas de la legitimidad del reclamo.

Desde el público, los cuentahabientes de BIB escucharon al juez Walter Villatoro, a la fiscalía, a los abogados de PwC, a Ángel Castro (el único damnificado adherido al proceso), al abogado del Procurador de Derechos Humanos, a un perito y a los abogados del Banguat.

El fiscal Saúl Sánchez, fue el primero en tomar el micrófono y diez minutos le bastaron para plantear tres objeciones al reclamo. Pidió que se pospusiera la cita hasta que se convocara a la Procuraduría General de la Nación (PGN). El fiscal adujo que éste era un tema de interés estatal porque los fondos en cuestión estaban en el Banguat y que la PGN debía estar presente para dar opinión. El juez lo rechazó.

Su segundo intento de freno fue una solicitud para citar a todos los bancos del sistema a esa audiencia y consultarles si estaban de acuerdo con que se entregara el dinero. Su justificación era que todos aportan al Fopa y que esos Q170 millones le pertenecían a todos. De nuevo, el juez denegó la moción.

El último as de Sánchez fue argumentar que ese no era el momento adecuado para reclamar los Q170 millones porque aún no había (ni hay) una condena en contra de los exdirectivos del Banco. A los diez se les acusa de caso especial de estafa, lavado de dinero, conspiración e intermediación financiera, y buena parte de la guerra de amparos y recursos legales se ha basado en cambiar los delitos.

El fiscal aseguró que la reparación digna sólo la puede dar un juez que haya dictado sentencia. Con ello, retomó su asiento y no volteó a ver a los querellantes y peritos que lo rodeaban, ni a las víctimas que lo observaban desde el público confundidas. Este tercer argumento sí lo aceptó, Villatoro.

El siguiente en tomar la palabra fue Joaquín Alvarado, abogado y mandatario de PwC en la mayoría de denuncias presentadas. Procedió a fundamentar el reclamo: “Esta es la ruta”, comenzó. “BIB recibe el dinero de los depositantes y lo traslada a Vipasa International (su casa de bolsa offshore). Vipasa traslada ese dinero a favor de Bancafé. En ese momento Bancafé lo transforma en activos y una vez suspendido el banco, todos los activos se trasladan al fideicomiso de Corfina. ¿Qué está haciendo el fideicomiso? Le trasladó al Fopa Q35 millones en 2008, Q65 millones en 2009 y Q69 millones en 2010, lo que en enero de 2011 suma Q170 millones” dijo. “Pero hoy es marzo de 2013 y esos activos han generado intereses y posiblemente el fideicomiso ha realizado más aportes al Fopa. Estas no son cuentas de los bancos, sino recursos de los depositantes de BIB”, concluyó el abogado.

Tras la exposición, el fiscal Sánchez volvió a pedir la palabra. “Es cierto que existen dictámenes periciales en los cuales se ha determinado la ruta del dinero y que evidencian una serie de operaciones ilícitas de los sindicados que dan como resultado la estafa de las víctimas”, afirmó. “No es que el MP quiera soslayar, oprimir o vulnerar el derecho de las víctimas, pero hay que hacer la siguiente pronunciación”, advirtió. Los recursos del Fopa, dijo, sólo contemplan a los depositantes locales, no a los de offshores. Así justificó que BIB estaba fuera de la posibilidad del reclamo.

“Se debe hablar de una reparación digna, pero cuando haya sentencia condenatoria”, aseguró el Fiscal. Es decir, el MP no respaldará ningún reclamo monetario hasta que un juez no condene a los sindicados. Todo o nada.

Al desistir del reclamo, la fiscalía ignoró sus propios peritajes que afirmaban que esos Q170 millones eran de BIB. Hoy, Sánchez asegura que no existen y se irrita cuando se le pregunta por qué cambió su versión a última hora. Se encierra en afirmar que “el planteamiento que hizo Price (PwC) –devolver un dinero– no puede cumplirse porque de conformidad con la Ley de Bancos hay prohibición y la ley es clara”. Intenta buscar el artículo con el que pretende sustentar su argumento, pero no lo haya. Lo que La Hora sí encuentra son los peritajes y los tres tienen sello de recibido del juzgado.

“No entendimos qué pasó ese día”, asegura Gisela Castro, una de las víctimas de BIB. En marzo de 2015, junto a otros cuentahabientes de BIB, solicitó una reunión con la fiscal general Thelma Aldana para cuestionar porqué el caso ha sufrido tantos retrasos y plantear una queja por esta audiencia. Castro recuerda que Aldana regañó a los fiscales Saúl Sánchez y Rony López, pero no hubo más consecuencias.

La primera audiencia dejó a los asistentes con un mal sabor de boca, pero la segunda trajo la dosis más amarga.

La cita abrió con la ponencia de los abogados del Banguat, quienes aseguraron que la devolución de fondos o la reparación digna no podían llegar hasta que hubiese una sentencia condenatoria. La Hora solicitó explicaciones a la banca central durante más de tres semanas, pero el presidente en funciones, Sergio Recinos, no dio la entrevista.

Tras agotar argumentos, peticiones y objeciones, el juez Villatoro finalmente tomó el micrófono y se preparó para dar su veredicto. Disertó durante dos horas y la conclusión llegó al mismo lugar que la del MP y Banguat. “Yo asumo la responsabilidad de que no puedo aplicar el artículo 202 (devolución de bienes) para esta clase de incidentes”, aseguró el juez. “¿Tienen derecho ellos (las víctimas)? Por supuesto, eso no se niega. Pero si respetamos las fases del proceso, llegará su momento”. Y pocos minutos después dio por culminada la audiencia.

Villatoro fue removido del caso en 2014 por una recusación presentada por la defensa bajo el argumento de que se dudaba de su imparcialidad.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Pese al revés legal de 2013, PwC no dejó de buscar alternativas e insistir en la recuperación de los fondos. En diciembre de 2014, Thelma Aldana designó a uno de sus mejores alfiles para que analizara el caso. Nombró al entonces jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP, Francisco Solórzano Foppa, hoy superintendente de Administración Tributaria.

Durante el siguiente año el equipo de Solórzano Foppa analizó el caso. En diciembre de 2015 presentaron sus conclusiones y la respuesta fue que sí, pero que no eran Q170 millones, sino Q450 millones (US$60 millones).

Según los investigadores, esos Q450 millones eran parte de los fondos que Bancafé debió terminar de reintegrar a BIB. Ese monto quedó en el Fopa a finales de 2007 cuando Corfina terminó de liquidar el banco y hubo un supuesto ahorro. Aunque la cifra puede ser mayor si se toman en cuenta los intereses percibidos a lo largo de estos años.

A esto se suman los fondos que el MP tiene embargados al banco y a sus exdirectivos en distintos bancos e inclusive en otras jurisdicciones. La fiscalía no da detalles de dónde o cuánto, pero revela que son alrededor de Q400 millones más.

La Hora buscó entrevista con la Fiscal General, pero quien atendió la solicitud fue la secretaria general del MP Mayra Véliz. “El MP no es el ente que va a recuperar el dinero a los cuentahabientes, sino el que va a perseguir penalmente a quienes cometieron ese delito y obtener la condena. Allí termina nuestro trabajo”, afirma Véliz.

“El MP no puede trabajar sobre la base de que le va a pagar a la persona lo que invirtió. Cuando haya una sentencia de condena se debe pedir la reparación digna. Esta incluye daños y perjuicios y lo que considere el juez o pidan el fiscal o las víctimas. Esa es nuestra función como MP, no ver que le paguen esa reparación digna”.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que el MP inicialmente esperanzó a los cuentahabientes de que se podía recuperar su dinero en esa audiencia pero luego se opuso al reclamo, Véliz reiteró: “El MP hace persecución penal, no es el encargado de hacer una devolución del dinero. Ahora se ha estado trabajando para apoyar a las víctimas, pero la finalidad del MP es la acción y persecución penal. No sé qué personas son las que dicen que se les haya abrigado falsas expectativas”.

Al indagar porqué el MP no ha perseguido a las autoridades bancarias –puntualmente a la SIB–, Véliz responde que no se protege a nadie y que la SIB es investigada de forma integral por varios casos, no solo este. “La fiscalía ha llevado el caso por fases. La primera son los actores inmediatos. Entiendo que va en camino la segunda fase”. Véliz excusa la lentitud del proceso en la saturación y exceso de trabajo que tiene el ministerio.

Pero mientras abogados y fiscales discuten sobre cuándo es el momento indicado para devolver los fondos estafados, las víctimas suman los años de demora y más de 300 ya han fallecido en la espera. El dinero de los clientes de BIB existe, ya sea en el Fopa o en los activos congelados por el MP, pero las autoridades no lo recobrarán hasta que haya condena. Y el proceso penal se encuentra en primera declaración desde 2011. Si se acelerara, llegar a juicio puede tomar alrededor de dos años. Y luego, la esperanza de los clientes de BIB recaerá en que el tribunal condene.

 

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