Deportaciones que estaban en espera están siendo activadas nuevamente

Por Grecia Ortiz
gortiz@lahora.com.gt

Con más de veinticinco años de vivir en Estados Unidos, Aroldo Soto Contreras buscó su propio sueño americano y en ese país se estableció junto a su familia integrada por su esposa y sus hijos, tres jóvenes de nacionalidad estadounidense que viven en Port Chester Nueva York, sitio al que conoce como hogar.

El guatemalteco fue detenido el pasado 18 de octubre, y según información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, posee antecedentes y por ello desde 2010 se le informó que debía abandonar ese país.

Ahora la familia aboga por una solución, pues afirman que el padre de familia no representa una amenaza.

El guatemalteco vivía en Estados Unidos con sus tres hijos de 18, 16 y 7 años y esposa, quienes siempre han dependido de su padre tanto en el aspecto emocional como en el financiero.

El caso de Soto es similar a los que documentó Human Rights Watch (HRW) en un informe reciente, que señala un aumento del 40 por ciento en la detención de migrantes en Estados Unidos este año, desde que Donald Trump asumió la Presidencia.

Según HRW, muchos de ellos llevan varios años viviendo en ese país, aunque de manera irregular y han formado lazos sólidos en sus comunidades.

“Mi padre es más que solo un fuerte modelo a seguir. Él es también un cuidador crucial de nuestra familia”, dijo su hijo Ronald de 18 años a través de un comunicado de prensa.

Jean Carlos, mi niño de 7 años, siempre llora y me pregunta dónde está su padre. Encontró el suéter de su padre y después de olerlo comenzó a llorar, dijo la esposa de Aroldo, Sandra Mejía.

Las fiestas de Fin de Año siempre habían sido de unidad y alegría en la familia, pero ahora Aroldo pasa sus días, desde octubre, en el interior del Centro de Detención de Bergen en Nueva Jersey.

FAMILIA ASEGURA QUE NO REPRESENTA PELIGRO

De acuerdo con reportes de la Cancillería en Guatemala, al guatemalteco le aparecen registros de haber conducido en aparente estado de ebriedad, y por ello en 2009, tras haber solicitado una moción que le fue denegada se le ordenó salir del país, sin que cumpliera con ello.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García Sáenz, refirió que según un informe al que tuvieron acceso, el 28 de septiembre del 2009 un juez había dictado la salida del país de Soto Contreras, no obstante él presentó una moción para abrir su caso en ese mismo año, pero se la denegaron y su salida voluntaria venció en el 2010.

Asimismo, García añadió que el guatemalteco no ha querido que lo entrevisten por parte del Consulado, el cual buscará comunicación con la familia para informar del caso y así lograr un acercamiento para saber más de su situación, “muchas veces no se conoce del caso en las dos partes”, indicó el Viceministro.

No obstante, la familia de Aroldo Soto-Contreras señala que él no representa un peligro para la sociedad o una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y más bien representa los sueños, la protección y la esperanza de sus tres hijos estadounidenses y su familia en Port Chester.

Su hijo explicó en una campaña divulgada en redes sociales, con el objetivo de reunir firmas para respaldar la estadía de su padre en Estados Unidos, que su presencia es parte crucial y necesaria en su familia.

“Él no solo es el padre más devoto y leal que una familia podría aspirar a tener… también es el hombre más trabajador que he conocido. Él lidera con el ejemplo en nuestra casa, defendiendo valores y reforzando el carácter fuerte en mí y en mis dos hermanos menores. Toda mi vida, él ha puesto las necesidades de nosotros, su familia primero”, afirmó.

A decir de Ronald, una de las características de su padre siempre ha sido el de preocuparse siempre por el resto de su familia antes que en su propio bienestar.

Cada vez que se enferman y tienen que ir al médico o a la sala de emergencias, Ronald asegura que su padre es quien se hace cargo.

Una amiga del joven dijo que no puede imaginar las condiciones en las que está viviendo la familia y principalmente Ronald, puesto que está en proceso de solicitar su ingreso a una universidad y vive la incertidumbre de saber si su papá estará ahí cuando se gradúe.

De acuerdo con sus familiares, la guerra interna que vivió Guatemala fue la que obligó al joven Aroldo, que en ese entonces tenía 14 años, a migrar a Estados Unidos. Ha tenido un trabajo estable en una pizzería en Stamford, CT durante casi veinte años y su familia ha vivido en la misma casa en Port Chester durante casi una década.

CRUCE DE SEÑALAMIENTOS

En entrevista para La Hora Voz del Migrante, Sandra Mejía, esposa de Aroldo, indicó que pronto cumplirá dos meses detenido sin que se vislumbre un apoyo por parte del Gobierno de Guatemala, “nunca luchan por sus compatriotas”. No obstante Cancillería asegura que ha sido el guatemalteco quien se ha negado a recibir asistencia.

Ahora existe más atención y han llamado del Consulado porque otras personas se involucraron, porque cuando llamaban por su cuenta no le prestaron atención, asegura.

“Él vino de 14 años y ahora tiene 43 aquí, es toda una vida en Estados Unidos. Mis hijos han estado en protestas, en la televisión, en radio, ellos están muy deprimidos”, comentó.

Mejía asevera que no les preocuparía retornar a Guatemala, pero saben de la violencia que persiste y eso les asusta.

ANTES NO ERA PRIORIDAD PARA SER DEPORTADO

Luis Barrios, también migrante de origen guatemalteco, cuenta con una orden de deportación y está a la espera que un juez de migración reabra su caso y cancele su deportación luego de que no se presentó a una cita a la que debía asistir en 1998, explicó a la cadena de noticias estadounidense Univisión.

Barrios fue detenido trece años después por la policía porque el vehículo que conducía tenía una luz que no funcionaba. En ese entonces el agente, al descubrir que era indocumentado, lo entregó a las autoridades de inmigración y desde entonces tras ser liberado debía presentarse y firmar una vez al año ante la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE por sus siglas en inglés).

En 2011, según la política del entonces presidente Barack Obama, su caso no era una prioridad de deportación, no obstante la administración del actual presidente Donald Trump cambió su situación.

ICE ha dicho que Barrios tiene una orden de deportación desde 1998 y que ya es tiempo que regrese a Guatemala.

AUMENTARON LOS DETENIDOS EN ESTADOS UNIDOS

Según datos publicados el 5 de diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional, desde el inicio del gobierno de Trump hasta fines de septiembre la cantidad de migrantes detenidos en el interior del país, en vez de en la frontera, incluyendo muchos que fueron arrancados de sus familias y comunidades, aumentó un 40% en comparación con el mismo período en 2016.

Human Rights Watch señaló en un informe publicado en diciembre que las detenciones migratorias de personas que no tienen antecedentes penales prácticamente se habían triplicado con relación aproximadamente al mismo período de 2016.

INVESTIGADORA: ESTÁN SIENDO DETENIDOS Y DEPORTADOS DE MANERA AGRESIVA Y SISTEMÁTICA

“La cantidad de personas que están siendo deportadas, y los relatos que ofrecen, dejan en evidencia que quienes migraron hace tiempo y tienen lazos sólidos con EE. UU. están siendo detenidos y deportados de manera agresiva y sistemática”, indicó Clara Long, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch.

“No se trata de casos atípicos o esporádicos, sino de la imagen más implacable y destructiva de la política inmigratoria de Trump”, añadió.

A días de ser nombrado presidente, Trump firmó dos decretos ejecutivos que hicieron que casi la totalidad de los inmigrantes no autorizados que viven en EE. UU. se convirtieran en blanco de aprehensión, detención y deportaciones, aunque días más tarde dichos decretos fueron bloqueados.

No obstante, la organización concluyó que el impacto de estas medidas ha sido inmediato y grave, porque solo durante el gobierno de Trump se llevaron a cabo un total de 110 mil 568 detenciones en el interior del país entre el 20 de enero y el 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal, comparadas con las 77,806 realizadas en ese mismo período durante el año pasado.

Un dato interesante es que 31 mil 888 de estas detenciones correspondían a personas sin condenas penales, a diferencia de las 11 mil 500 registradas en 2016.

SISTEMA DE DEPORTACIÓN ES SIMILAR AL DE JUSTICIA PENAL

El sistema de deportación estadounidense se asemeja a un sistema de justicia penal y sin duda se siente como tal, refiere el informe, porque numerosos migrantes son detenidos en condiciones prácticamente carcelarias y la deportación es un “castigo” que muchos migrantes experimentan como algo más severo que una pena de prisión.

“No hay en el sistema garantías esenciales que sí se reconocen a muchas o todas las personas que delinquen, como asesores legales designados por el tribunal para quienes no puedan pagar un abogado, oportunidades periódicas de obtener la fianza y garantías genuinas contra registros e incautaciones ilegales”, refiere el informe.

La gran mayoría de casos en los cuales el Gobierno emite órdenes formales de expulsión nunca llegan a los tribunales migratorios, porque la mayoría de las deportaciones son reposiciones de órdenes de expulsión anteriores, es decir, expulsiones aceleradas.

ALGUNOS CASOS

Alexis G. Quien contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense, contó para Human Rights Watch que el centro de detención inmigratoria donde lo encerraron estaba tan abarrotado de gente que él y su hermano, detenidos al mismo tiempo, dormían debajo de una escalera.

Su hermano, quien fue deportado antes dos veces, le aconsejó que firmara la expulsión voluntaria.

“Creo que hasta hace algunos años podías realmente defender tu caso y tener un juicio justo, y te daban esa oportunidad. Ahora creo que simplemente nos deportan por cualquier cosa. No vale la pena permanecer detenido”, anotó Alexis.

Otro de los relatos incluidos en el informe expone el caso de Maribel Trujillo Díaz, luego que quedó registrada tras realizarse una redada migratoria en 2007.

No obstante, ante el impacto que tendría para sus hijos que ella fuera deportada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió no ejecutar la orden y en cambio programó que se presentara anualmente conforme a una orden de supervisión.

Trujillo tiene cuatro hijos pequeños con ciudadanía estadounidense, de 14, 12, 10 y 3 años. En su caso era el principal sostén económico de su hogar y vivía en Estados Unidos desde 2002, era indocumentada pero no tenía condenas penales. Sin embargo, en marzo el gobierno de Trump decidió deportarla.


GUATEMALTECOS OCUPAN EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS RETORNADAS

De acuerdo con el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM), un total de 115 mil 439 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños han sido retornados de México y Estados Unidos, en diez meses.

Los registros apuntan a que el mayor número de retornados son de Guatemala, pues en el referido período de tiempo regresaron al país 52 mil 710 personas.

Le sigue Honduras, con 39 mil 884 retornos y El Salvador, con 22 mil 845 ciudadanos que regresaron a sus países de origen.

LUCHA CUESTA ARRIBA

La Procuraduría de los Derechos Humanos expresó que en la migración irregular de personas no documentadas hacia Estados Unidos estos están enfrentando graves violaciones a los derechos humanos.

La razón por la que la situación es alarmante, según la PDH, corresponde a que aunque una persona se encuentre indocumentada esto no debería ser considerado como un delito, sino como una falta administrativa y desde el punto de vista de los derechos humanos, esta condición no debería ser ilegal.

Ursula Roldán del Instituto de Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar (IDGT), expresó que ahora se han registrado casos de deportaciones de personas que tienen varios años de vivir en Estados Unidos.

“El problema que se está dando, es eso, la separación familiar, lamentablemente estas familias ya establecidas difícilmente van a poder adaptarse a esta situación nacional. Esta es una lucha cuesta arriba con las medidas que está aplicando el presidente Trump”, afirmó.

JULIA TORO: EN UNA DEPORTACIÓN CADA CASO Y PERSONA ES DIFERENTE

De acuerdo con Julia Toro, abogada privada de inmigración, cuando existe una orden de deportación es “casi imposible” detener su salida de Estados Unidos, aunque pueden existir salidas, por ejemplo, que exista riesgo a la vida de la persona si retorna al país, porque anteriormente ha sido perseguido o la situación con familiares haya sido similar.

Posteriormente podría realizarse una entrevista de solicitud de asilo que puede ser durante el proceso de detención, pero solo si comprueba que es perseguido en su país.

Otra de las opciones es que si tiene familiares ciudadanos y residentes con problemas graves de salud como esposa e hijos, pueden solicitar que se detenga la deportación por un tiempo estimado, en el que se pueda atender a quien está enfermo, no obstante no le permite quedarse definitivamente.

Otra salida puede ser consultar con un abogado para saber si es elegible o si es probable hacer una moción para reabrir la orden de deportación de la Corte.

“Realmente si alguien tiene una orden de deportación van a ser deportados”, destacó Toro, aunque aclaró que cada caso y persona es diferente.

LAS CIFRAS DEL AÑO FISCAL DE ICE

Se efectuaron 143 mil 470 arrestos, un 25% más que los 114 mil 434 del año anterior.

40 por ciento es el incremento de arrestos efectuados por ICE durante el período del presidente Trump.

Un 58 por ciento de los arrestos efectuados por la patrulla fronteriza eran de países distintos de México y principalmente de Centroamérica.