RESALTAN OBJETIVO DE LEGISLACIÓN, PERO TEMEN CAMBIOS QUE PODRÍAN INCLUIR

Crece temor porque diputados “despedacen” la ley de aceptación

La iniciativa de ley de aceptación de cargos fue presentada con el propósito de reducir los índices de impunidad, garantizar la reparación de las víctimas y disminuir el gasto que representan los procesos penales que se extienden por años. Sin embargo, existe preocupación que esta iniciativa sea modificada por los diputados para convertirla en un instrumento de impunidad.

Por Sonny Figueroa
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El 5 de junio de 2017 fue presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la iniciativa de ley de aceptación de cargos, posteriormente, el 11 de septiembre, fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, por lo que en cualquier momento puede iniciar su proceso de discusión y aprobación.

Entre los argumentos del Organismo Judicial para presentar la iniciativa de ley están que se busca reducir los índices de impunidad en Guatemala, ya que se pretende que en treinta días una persona pueda ser sentenciada. Además, procurará disminuir el hacinamiento en las cárceles y los gastos que representan para las instituciones del Sector Justicia los casos que tardan años en concluir en una sentencia.

 

INICIATIVA DE LEY: CONTENIDO

La iniciativa de ley modificaría el Código Procesal Penal adicionando el título VI que se refiere al Procedimiento especial de aceptación de cargos, en el cual se detalla la forma en la que una persona debe aceptar los delitos señalados por el Ministerio Público y las obligaciones adquiridas por recibir beneficios como una reducción de penas.

PROCEDIMIENTO
La iniciativa explica que toda persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le imputa. Si el procesado acepta los cargos, el juez o tribunal señalará audiencia en un plazo que no exceda de diez días. En esa audiencia, se procederá a recibir declaración del procesado, quien deberá relatar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como admitir responsabilidad sobre los mismos.

Dentro de los cinco días siguientes, se celebrará audiencia de conciliación entre el procesado y las víctimas o agraviados. Si no hubiese conciliación, dentro de los diez días siguientes se llevará a cabo audiencia de reparación, conforme lo ya establecido por el Código Procesal Penal. Dentro de los cinco días siguientes se realizará la audiencia de imposición de penas.

REBAJA
De ser aprobada la iniciativa, el procedimiento de aceptación de cargos aplicaría para las personas que no han sido condenadas y podría ser solicitado en cualquier fase: audiencia de primera declaración, etapa intermedia, apertura de debate o el desarrollo de un juicio.

“Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, una vez firme el auto de procesamiento, tendrá derecho a que las penas tasadas se le rebajen en una tercera parte. Si lo hace en el lapso comprendido entre la audiencia de primera declaración, hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas tasadas se le rebajen en una cuarta parte. Si lo hace después de la apertura a juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que las penas tasadas se le rebajen en una quinta parte”, dice el contenido del proyecto de ley.

TESTIGO

“Los beneficios de la aceptación de cargos llevan implícito el compromiso de que, en el evento de ser requerido por el Ministerio Público, el procesado declarará como testigo, inmediatamente o cuando se le requiera, dentro de los casos seguidos por los delitos aceptados y conexos. El incumplimiento de esta condición conlleva la pérdida de los beneficios y será investigado por perjurio o falso testimonio. Si el imputado o acusado obtiene una rebaja de penas por aceptación de cargos, no podrá recibir beneficios por colaboración eficaz”, dice el documento.

REPARACIÓN
El procedimiento especial de aceptación de cargos no aplicaría para los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de la humanidad. Los sentenciados por otros delitos tendrán que reparar a sus víctimas o al Estado.

“No podrá concederse rebaja de penas por aceptación de cargos a los imputados o acusados, hasta que no hayan hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados, en sus componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, según corresponda. Tampoco podrá hacerse si el procesado no ha devuelto o entregado a su totalidad a las víctimas o al Estado el incremento patrimonial fruto del delito, sea este en beneficio o de terceros”, expresa la propuesta.

CICIG: PRIVILEGIA LA VERDAD
En diferentes oportunidades, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ha dicho que ve positiva la iniciativa de ley de aceptación de cargos. En una reciente entrevista con el programa radial Con Criterio, el comisionado expresó que es una ley que privilegia la verdad y que ese es el aspecto que debe destacarse.

“Yo la veo con ojos positivos y de la manera en cómo está la iniciativa con dos o tres enmiendas que la mejorarían me parece que es importante… Una ley de aceptación de cargos como esta iniciativa que está en Guatemala, que también creo debe ser única en el mundo, en cuanto que para poder dar el beneficio tiene que contar la verdad, privilegia el derecho de las víctimas, el de la verdad. Hay una reducción de pena, no es toda la pena para un delito sino una proporción, es precisamente porque se está privilegiando la verdad y porque se está asegurando que haya restitución, reparación y que haya garantías de no repetición…” dijo Velásquez, quien agregó que el hecho que se tenga en una audiencia pública la posibilidad de que un partícipe de un hecho esté contando todas las circunstancias sobre cómo fue cometido ese hecho, es positivo, en términos de verdad para todas las víctimas, pero especialmente en términos de generación de una cultura de legalidad.

AGILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, organización que ha apoyado en la elaboración de esta iniciativa de ley con la Corte Suprema de Justicia, dijo que no promueve la impunidad, sino que busca establecer la verdad. Señaló que es de aplicación general y que no está orientada a favorecer a los señalados en casos de corrupción del 2015.

“Otorga que tanto los fiscales y jueces tengan la posibilidad de utilizar otros recursos legales para darle agilidad a la administración de justicia. La ley de aceptación de cargos es importante porque no promueve impunidad sino promueve el abordaje de los casos, en los cuales las personas que hayan cometido los delitos, estén dispuestas a aceptar los cargos y ayuden a establecer la verdad de lo ocurrido y tengan sanciones… La ley es de aplicación general, no aplicaría única y exclusivamente para los corruptos que han quedado expuestos ante la justicia desde el 2015. Esta iniciativa es de carácter general y no tiene dedicatoria especial a las personas que han caído desde ese año a la fecha. La idea no es descongestionar las cárceles sino el sistema de justicia, claro que se descongestionaría el Sistema Penitenciario”, expresó Ibarra.

ES UNA INICIATIVA POSITIVA

Para Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, es positivo que la iniciativa de ley solicite la colaboración de los sentenciados para facilitar las investigaciones futuras.

“Dependiendo en qué términos se apruebe. Veo con buenos ojos la posibilidad de que el que cometa delitos pueda reconocerlos y pueda colaborar con los casos para facilitar otras investigaciones y de esa manera lograr una condena menor. Creo que esa es la tendencia que hay en el mundo moderno del derecho penal y yo veo con buenos ojos que el país lo haga, pero siempre y cuando lo haga bien, a eso me refiero a que la reducción de penas no vaya más allá del 50 por ciento de la condena potencial y que el sistema judicial tenga en cuenta el historial del que le van a dar el beneficio”, puntualizó Marroquín.

PROHIBICIÓN A LOS FUNCIONARIOS

Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dijo que en el caso de que exfuncionarios sean sentenciados bajo el procedimiento de aceptación especial de cargos, esta debe incluir una inhabilitación para que, al salir de la cárcel, esas personas no puedan ocupar cargos dentro de la administración pública.

“Con esta ley consideramos que lo importante es que las personas o funcionarios públicos que hayan cometido un delito paguen por lo que realizaron, pero que también se les inhabilite para ejercer como funcionarios públicos, al menos por un tiempo prudencial porque de lo contrario puede que sigan recayendo en esa práctica”, expresó la líder estudiantil.

COMISIÓN ESPECÍFICA

A pesar de que la iniciativa de ley ya fue dictaminada favorablemente, semanas atrás los jefes de bancada acordaron que se debía discutir la iniciativa de ley en una comisión para trabajar en enmiendas. De esa cuenta, la presidencia del Congreso, acordó la creación de una Comisión Específica, la cual está integrada por diputados de todas los bloques legislativos con el propósito de trabajar en cambios.

Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro-Justicia, señaló que algunos diputados han dicho que buscarán modificar la iniciativa y espera que no sea convertida en un instrumento de impunidad.

“Pareciera que, si hay intentos, varios diputados lo han dicho públicamente que tienen la intención de cercenar partes importantes de la ley, lo cual obviamente preocupa porque con esos cambios podrían quedar inutilizada o ya no se podría utilizar para los fines que se persigue actualmente que es establecer verdad, reparación, estimular la no repetición, porque dependiendo de qué cambios le hagan podrían convertirla en un instrumento de impunidad. Yo no podría dar por sentado que la comisión –específica– la vaya a convertir en un instrumento de impunidad, pero ya hubo una comisión técnica que la dictaminó respetando los principios y objetivo para lo cual fue creada, esta es una comisión de orden político y esperamos que se respete el criterio de la comisión técnica, porque ese proyecto ya fue dictaminado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales”, concluyó Ibarra.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, indicó que la iniciativa de ley puede ser buena para el país, pero cuando se trata de los diputados y la posibilidad que puedan modificarla, esto genera sospechas.

“Lo que pasa es que los diputados no tienen la confianza de la población, aunque son leyes buenas para el país, en manos de estos diputados cae la sospecha en que puedan ser utilizadas para generar más impunidad. El problema es que quienes deben aprobar estos instrumentos son personas que no gozan de ninguna confianza por parte de la población. Aunque sean cosas buenas en sus manos se vuelven sospechosas. En la forma en la que se hacen las cosas, debajo de la mesa”, finalizó Marroquín.