FCCC Y ORGANIZACIONES MANIFIESTAN SU OPOSICIÓN A ESAS REFORMAS

Crece el rechazo a la reforma al financiamiento electoral ilícito

Por Redacción La Hora

Esta semana diputados del Congreso conocieron en su segunda lectura la iniciativa de reformas al financiamiento electoral ilícito, pese a la oposición de la ciudadanía que presentó una propuesta para evitar impunidad, así como amparos en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los diputados con conflicto de interés no conozcan estas reformas.

El Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC) presentó el lunes 11 de junio una propuesta sobre el financiamiento electoral anónimo contenido del segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal, buscando que la tipificación no propicie impunidad y propone que las penas de prisión sean de dos o seis años. La iniciativa surge ante las actuaciones del Congreso, que con su propuesta busca dejar sin materia varios de los casos actuales de financiamiento y librar de responsabilidad a los secretarios generales de las organizaciones políticas.

La propuesta de los ciudadanos que conforman el FCCC es la siguiente: “Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito todo aporte, recepción o autorización de recursos realizados en forma anónima o los que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política y será sancionado con prisión de dos a seis años. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza el cargo empleo o cargo público, o cargo de elección popular; además de las penas impuestas se le inhabilitará para optar a cargos públicos”.

La semana pasada, el Congreso conoció en su primera lectura el proyecto realizado por la Comisión Extraordinaria, que debilita la tipificación de este delito, ya que no alcanza a los secretarios generales de las agrupaciones políticas.

En un comunicado, el FCCC señaló que como ciudadanos tienen como gran reto que las elecciones de 2019 marquen un antes y un después en la democracia, “consideramos que este debe ser el texto a aprobarse por los diputados del Congreso”, dijeron.

Según indicaron, el texto presentado tiene el apoyo de varios sectores de la sociedad, pues ha sido debatido y consensuado toda vez que la referida redacción cumple con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, fortalece el Estado de Derecho y no propicia impunidad.

PRESENTAN AMPAROS

La Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y JusticiaYa, presentaron el lunes 11 de junio dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los diputados con conflicto de interés no conozcan las reformas que debilitan la tipificación del financiamiento electoral ilícito.

Pese a este rechazo de la ciudadanía, los diputados conocieron el martes 12 de junio, en su segunda lectura, las reformas al financiamiento electoral ilícito.

Por su parte, la magistrada María Eugenia Mijangos, manifestó su preocupación por el rumbo que ha tomado la discusión del proyecto de reformas elaborado por los diputados. “Al entrar en vigencia esta reforma podría ser tácitamente una amnistía a quienes están siendo procesados actualmente”, dijo Mijangos.

COMUNICADO DEL FCCC
LOS GUATEMALTECOS QUEREMOS UN FUTURO MEJOR CONSTRUIDO CON BASE EN UN ESTADO DE DERECHO FORTALECIDO

Los guatemaltecos entendemos la necesidad de poder alcanzar acuerdos mínimos que nos allanen el camino para una agenda más concreta en torno a la reforma integral del Estado.

Por eso, conscientes que un mejor futuro nacional que se construye paso a paso, y ante lo que ha venido sucediendo en el Congreso de la República que busca, por ejemplo, librar de responsabilidad a los secretarios generales de las organizaciones políticas, los integrantes del Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC) nos sumamos a presentar la siguiente propuesta en torno al delito de financiamiento electoral anónimo contenido del segundo párrafo del artículo 407N del Código Penal.

“Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito todo aporte, recepción o autorización de recursos realizados en forma anónima o los que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política y será sancionado con prisión de dos a seis años. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo o cargo público, o cargo de elección popular; además de las penas impuestas se le inhabilitará para optar a cargos públicos”.

Como ciudadanos tenemos como gran reto que las elecciones de 2019 marquen un antes y un después en nuestra democracia, consideramos que este debe ser el texto a aprobarse por los diputados del Congreso de la República.

Por lo anterior, hacemos un llamado a atender este acuerdo que tiene el apoyo de varios sectores de la sociedad, pues ha sido debatido y consensuado toda vez que la referida redacción cumple con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), ofrece claridad, fortalece el Estado de Derecho y la democracia, y no propicia impunidad.

Guatemala, 11 de junio de 2018.